La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha recibido denuncias por parte de empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sobre diversas irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato abierto “Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Personal y Periférico, para los ejercicios fiscales 2023 y 2024” con un daño estimado al erario público de 67 millones de pesos.
Según los documentos, la subdirección de Recursos Materiales, encabezada por Juan Carlos Suárez Guzmán, habría beneficiado a la empresa de cómputo MAINBIT, relacionada con Hewlett-Packard, en detrimento de los requisitos técnicos y económicos establecidos.
La empresa MAINBIT, que también ha obtenido contratos con otras instituciones gubernamentales como la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Guardia Nacional (GN) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), fue adjudicada por el ISSSTE a pesar de no cumplir con los requerimientos técnicos establecidos. Además, la empresa presentó una cotización que superaba en 67 millones de pesos a la del segundo lugar de las compañías participantes en el concurso.
Funcionarios involucrados: Los denunciantes revelaron que los propios funcionarios del ISSSTE reconocieron las presuntas irregularidades, pero se negaron a firmar el fallo. Tanto la subdirección de Tecnologías de la Información como la representante del Órgano Interno de Control, encabezada por Blanca Maryed Gutiérrez, se reservaron el derecho de realizar las revisiones correspondientes en su debido momento.
Acciones tomadas y consecuencias: Ante estas revelaciones, los trabajadores del ISSSTE han presentado denuncias de inconformidad ante las instancias correspondientes. Estas denuncias subrayan que este tipo de fallos afecta la confianza en los procesos de contratación pública llevados a cabo por el gobierno de México, que ha manifestado su rechazo a los actos de corrupción.
Las denuncias de irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato del ISSSTE para el arrendamiento de equipo de cómputo y periféricos han expuesto una posible violación a los procedimientos establecidos y una afectación económica al erario público por 67 millones de pesos.
Estas acusaciones ponen de manifiesto la necesidad de investigar a fondo y tomar medidas para garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos de contratación pública, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. El compromiso del gobierno mexicano de combatir la corrupción deberá reflejarse en acciones contundentes y sanciones ejemplares en caso de comprobarse las irregularidades denunciadas.
