Por: Julio de Jesús Ramos García
La reciente elección judicial en México histórica por ser la primera en la que el pueblo elegirá directamente a jueces de la Suprema Corte ha abierto un nuevo capítulo en la vida política del país. Pero mientras los reflectores están puestos sobre la transformación del Poder Judicial, la pregunta clave para muchos sectores sigue sin respuesta: ¿qué efectos tendrá este cambio en la economía mexicana?
En economía, las percepciones importan tanto como las realidades. Lo que ocurra después de la elección judicial dependerá no sólo de quiénes lleguen a la Corte, sino de cómo se comporten, qué señales manden y qué decisiones tomen en sus primeros casos clave. La economía mexicana está acostumbrada a navegar en aguas turbulentas, pero el verdadero riesgo es que el rumbo quede a merced del viento político sin anclas institucionales que lo estabilicen.
La respuesta no es sencilla, pero hay señales claras de lo que podría venir. La economía no reacciona sólo a decretos o reformas legales, sino al clima de confianza, certidumbre jurídica y estabilidad institucional. Y hoy, todos esos factores están en revisión.
Una de las primeras reacciones posibles es una mayor cautela de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Si la elección judicial se percibe como un movimiento hacia una mayor politización del Poder Judicial, el temor a que las resoluciones legales se guíen más por lealtades políticas que por criterios jurídicos podría afectar la toma de decisiones en sectores estratégicos como la energía, infraestructura y tecnología.
México ha dependido en gran medida de la inversión extranjera directa (IED) para impulsar su crecimiento. Pero la IED no llega donde hay dudas sobre la imparcialidad judicial o la seguridad jurídica de los contratos.
Apreciables lectores, lo que si es un echo que, los mercados están diseñados para reaccionar con velocidad y a veces con nerviosismo ante cualquier signo de inestabilidad institucional. Si los resultados de la elección derivan en una Corte más alineada con el Ejecutivo, los inversionistas podrían interpretar esto como una concentración de poder que debilita los contrapesos. Esto podría reflejarse en una presión sobre el tipo de cambio, incrementos en el riesgo país y mayores tasas de interés para bonos mexicanos.
Pero no todo tiene que ser pesimismo. Si el nuevo modelo judicial logra mejorar el acceso a la justicia, acelerar los procesos legales y combatir la corrupción en tribunales, esto podría traducirse en beneficios económicos importantes. Un Poder Judicial más eficiente y menos capturado por intereses oscuros podría elevar la productividad, reducir costos para las empresas y fomentar un entorno más equitativo para competir.
La clave estará en cómo se implemente la elección judicial y en si los nuevos jueces realmente representan un avance hacia una justicia más independiente o simplemente un cambio de colores políticos.
México está en una posición privilegiada ante la reconfiguración de las cadenas globales de valor. La tendencia del nearshoring podría traer miles de millones de dólares al país, siempre y cuando haya un marco jurídico claro y confiable. Si la elección judicial pone en duda esa confiabilidad, es posible que parte de esa oportunidad se desplace hacia otros destinos como Brasil, Vietnam o India.
La elección judicial podría marcar un antes y un después en México. La esperanza de una justicia más cercana al pueblo está sobre la mesa. Pero si esa esperanza no se traduce en certeza jurídica, imparcialidad y fortalecimiento del Estado de derecho, el costo económico podría ser alto. El futuro está por escribirse, y la economía tomará nota de cada línea.
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