Por: Julio de Jesús Ramos García
Por primera vez en la historia, este domingo 1 de junio, México se enfrenta a un proceso electoral sin precedentes: la elección popular de más de 2,600 jueces, magistrados y ministros, incluyendo a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca combatir la corrupción y hacer al Poder Judicial más responsable ante la ciudadanía. Sin embargo, las implicaciones financieras y económicas de esta medida generan una creciente preocupación.
Diversos analistas y organismos financieros han expresado su inquietud respecto a las posibles consecuencias económicas de esta reforma. Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero BASE, estima que la reforma podría tener un impacto negativo de al menos 1.9% del PIB, debido a la disminución en la inversión y la desaceleración económica que podría provocar.
Por otro lado, el Banco de México también ha advertido que la incertidumbre generada por esta reforma podría afectar las inversiones en el país, especialmente en sectores que dependen de concesiones gubernamentales . La posible politización del Poder Judicial y la pérdida de su independencia son factores que podrían erosionar la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.
Lo que sí es un echo, es que la organización de estas elecciones ha enfrentado serios retos logísticos y financieros. El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó un presupuesto de 13,205 millones de pesos para llevar a cabo el proceso, pero solo se le asignaron 6,329 millones. Esta reducción ha obligado a recortar el número de casillas al 43% de lo originalmente planeado y a operar con menos de la mitad del personal necesario, lo que podría comprometer la transparencia y eficacia del proceso electoral.
A pesar de que una mayoría de mexicanos apoya la idea de elegir a los jueces y magistrados por voto popular, existe un alto grado de desconocimiento sobre el proceso. Una encuesta de El Financiero reveló que el 55% de los mexicanos tiene poca o ninguna información sobre cómo funcionará esta elección . La falta de campañas informativas y la complejidad del proceso podrían resultar en una baja participación ciudadana, lo que a su vez pondría en duda la legitimidad de los resultados.
Apreciables lectores, en conclusión la elección del Poder Judicial representa un intento audaz de democratizar una de las instituciones más importantes de nuestro país, derivado de ello, los riesgos asociados a la politización de la justicia, la incertidumbre económica y los desafíos logísticos no pueden ser ignorados. Es crucial que se tomen medidas para garantizar la independencia del Poder Judicial y la transparencia del proceso electoral, a fin de preservar la confianza de los ciudadanos y la estabilidad económica del país.
¿Quiénes Votarán?
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