Desde 2020, el Congreso de la Unión ha recibido más de 50 propuestas legislativas enfocadas en la regulación de la inteligencia artificial en México. Sin embargo, a la fecha, ninguna ha sido aprobada como ley, ni a nivel federal ni en los estados. Aunque la discusión ha tomado fuerza en los últimos años, el país continúa sin un marco normativo claro que guíe el desarrollo y uso de esta tecnología emergente.
El debate sobre la inteligencia artificial en México refleja una creciente preocupación por los impactos éticos, sociales y económicos que podrían surgir del uso sin control de algoritmos automatizados. A pesar de que existen iniciativas que buscan abordar temas como la ética algorítmica, la protección de datos personales, la ciberseguridad o la soberanía tecnológica, la falta de coordinación entre poderes, niveles de gobierno y órganos autónomos ha impedido que alguna avance con carácter vinculante.
Mientras tanto, otros países han tomado decisiones más concretas. La Unión Europea ya cuenta con un marco legal robusto: el AI Act, que establece reglas claras para el desarrollo y la implementación de sistemas de IA. Por su parte, Estados Unidos ha adoptado un enfoque más flexible, permitiendo que los estados definan sus propias políticas, aunque algunos han aplicado moratorias para evaluar mejor los riesgos.
En el caso mexicano, una de las principales dificultades es la ausencia de una definición legal unificada de inteligencia artificial. En términos amplios, la IA se refiere a sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como analizar grandes cantidades de datos, tomar decisiones, reconocer patrones o traducir idiomas. No obstante, esta misma complejidad ha generado desafíos para establecer normas técnicas, legales y de supervisión efectivas.
Según el académico Iván Vladimir García, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, entre 2020 y 2024 se presentaron 58 iniciativas legislativas que incluyeron la inteligencia artificial como eje. No obstante, “los esfuerzos han sido desarticulados, sin una ruta común ni fuerza legal”, advierte en su ensayo “El camino hacia una regulación de la inteligencia artificial en México”.
Así, el país enfrenta un dilema: actuar con rapidez para no quedar rezagado en la economía digital, o construir un marco sólido que garantice una implementación ética y segura. Lo cierto es que la tecnología avanza más rápido que la legislación, y el vacío normativo podría representar riesgos tanto para los ciudadanos como para las instituciones.
